WEBINAR  

Fecha: 2 de julio de 2020
Hrs: 19:00 pm (hora La Paz-Bolivia)

 MATERIALES 

 

Documentos del Observatorio de Mortalidad Materna y Neonatal (OMMN-CIDES)

 

 MATERIALES 

Programa suizo de investigación sobre cuestiones Mundiales para el Desarrollo

  WEBINAR  

Fecha: 8 de junio de 2020
Hrs: 11:00 am (hora La Paz-Bolivia)

  WEBINAR  

Fecha: 11 de junio de 2020
Hrs: 19:00 (hora La Paz-Bolivia)
Lugar:

Por: Alfredo Seoane Flores (Director CIDES UMSA)

 

La presente situación de resistencia frente a la amenaza a la vida que representa la pandemia mundial del COVID 19 y la certeza de que se viene una futura crisis generalizada (económica y social), no pudo ser imaginada por los hacedores de políticas públicas. Salvo ciertos personajes visionarios que prevenían a viva voz del peligro del muy probable surgimiento de una pandemia, esto no supuso en la mayor parte de los países medidas preventivas, sorprendiendo a una sociedad contemporánea que se sentía invulnerable y cómoda porque una revolución tecnológica en curso resolvería cualquier amenaza.

 

En nuestro país no solo predominaba esa idea de invulnerabilidad, sino que se mezquinaron recursos para que la salud pública tenga un nivel mínimamente eficiente y sea realmente un bien público accesible. Hoy nos afecta directamente la precariedad institucional extrema en la que vivimos y particularmente en el sector salud -que nos es tan necesario ahora-, por la insuficiente asignación presupuestaria y la falta de visión de bien público en su manejo. Esto sucedió en el marco de la mayor bonanza de nuestra historia, pero con un gasto dispendioso en una modernización de maquillaje, con una millonaria promoción política del caudillo durante 14 años y los llamados elefantes blancos, además de la generalizada corrupción.

 

La gruesa cantidad de recursos que tuvo en su poder para la inversión pública el anterior gobierno, no se invirtió con eficiencia y eficacia, bajo todo punto de vista. Hoy es difícil suponer realistamente una economía capaz de resistir un derrumbe como el que se viene.

 

Esto nos deja como una sociedad impotente frente a la desgracia, muy desigual y carenciada. El futuro se presenta con enorme incertidumbre porque además de la precariedad mencionada, tenemos que sobreponer la trunca solución democrática del ejercicio de la titularidad del poder.

 

El impacto de lo que viene pasando es grande y amenaza a nuestra forma de vivir y de enfocar nuestra convivencia. Nada podrá ser igual en el futuro y sobre todo la forma de encarar el desarrollo y el bienestar social. El mundo y nuestra sociedad tienen que cambiar necesariamente o pueden perecer. En ese sentido habría que entender a la crisis como una oportunidad.

 

Surge por ello la necesidad de reflexionar y presentar posiciones y alternativas a nuestra sociedad. En el CIDES UMSA, hemos trabajado en investigación y formación en ciencias sociales, bajo un enfoque multidisciplinario, una agenda de desarrollo y formación mediante líneas de investigación con visión crítica del patrón socio económico vigente. El conocimiento sobre la problemática del desarrollo y las predicciones estaban lejos de anticipar esta grave crisis, sin embargo, muchas de las reflexiones incidían en temas que hoy cobran mayor relevancia y urgencia, dado el colapso de las certezas que la crisis mundial implica particularmente para Bolivia. Hay pues la necesidad de repensar muchas cosas en el país y en especial el modelo de economía, el modelo de estado y el modelo de sociedad.

 

Así consideramos de especial relevancia varias líneas de investigación y formación que hemos venido trabajando, por ejemplo, la visión ácidamente crítica del modelo de crecimiento extractivista y rentista desde diversas perspectivas -como lo muestran las publicaciones del CIDES-, con la presentación de alternativas de política pública. Otro ejemplo, es nuestro acercamiento precursor y sostenido a la economía de cuidado y la valoración de ese importante trabajo que es infravalorado y considerado como indigno, por lo que no recibe la remuneración justa. Hoy cobra relevancia, trascendencia e importancia nuestra propuesta lanzada en 2010 de que el estado debía ampliar las facilidades para apuntalar y apoyar las labores del cuidado centradas casi en su totalidad sobre la mujer.

 

También para la señalada necesidad de impulsar la salida del extractivismo propusimos recuperar la agenda de la transformación productiva, el fortalecimiento de la sociedad del aprendizaje y que el mundo del trabajo se dignifique mediante la productividad en alza y el aprovechamiento del “bono demográfico”. A esto propusimos se logre un nuevo perfil de especialización con el desarrollo de nuevas ventajas comparativas y el aumento de la productividad, basadas en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y la naturaleza.

 

En nuestra actividad de formación e investigación multidisciplinaria las orientaciones sobre las dinámicas locales y las transformaciones territoriales y del medio ambiente han sido fundacionales en el país, impulsando un nuevo enfoque preocupado por las interfaces entre lo urbano y lo rural y la necesaria preocupación sobre el medio ambiente y la seguridad alimentaria entendida como elemento clave de la sobrevivencia.

 

También en el área rural, hemos incidido desde hace tiempo en que se debe buscar abandonar los cultivos extensivos y enfocados al mercado de exportación de comódities debido a que provoca depredación de los ambientes naturales y los micronutrientes de la tierra, siendo necesario un modelo de desarrollo rural que permita aprovechar el ambiente natural y orgánico, tan rico en nuestro medio, así como recuperar los conocimientos locales sobre el manejo de los ecosistemas.

 

En el área política, valoramos la democracia y la inclusión, siempre presente en nuestras reflexiones. Recuperamos el pensamiento de las grandes figuras de la política, estudiamos los sistemas electorales, buscando proponer mecanismo para su perfeccionamiento y también la dinámica política de los diferentes actores de la sociedad. Los estudios críticos del desarrollo y la teoría crítica, son fortalezas que hemos logrado en cuanto a la formación y la investigación.

 

Sin pretender abundar más en las actividades que han caracterizado a CIDES-UMSA y solo transmitir el mensaje de que lo que hemos hecho tiene contenidos interesantes, necesarios, pero no suficientes para atender la agenda de investigación y formación que se avizora, interesa mostrar a la colectividad que en esa agenda de trabajo hay los gérmenes para un nuevo posicionamiento en la dinámica del conocimiento ligado a la transformación de la sociedad. Ampliando esa agenda y convirtiéndola sobre todo en propuestas y replanteamiento del proyecto socio-estatal de Bolivia, es que pensamos deberíamos encarar para poder sobrevivir e impulsar nuestro destino como pueblo en un mundo muy cambiado.

 

En efecto, hoy es necesario, para la sociedad y la economía de Bolivia un nuevo enfoque. La salida de la crisis solo será posible a través de verdaderas transformaciones, adoptando una visión incluyente, asentada en el respecto a la naturaleza, la consideración de los derechos de género y los derechos humanos en general, los equilibrios urbano-rurales y los equilibrios en nuestras relaciones externas que promuevan un proyecto de país y de sociedad equitativo y sostenible.

 

Nuestro compromiso debe consistir en llevar adelante una agenda de investigaciones y de formación más incisivo en las líneas de la economía sostenible y equitativa, así como el desarrollo social que nos lleve a una sociedad del aprendizaje y el conocimiento, que de oportunidades de empleo digno a sus habitantes y que logre una nueva especialización para el intercambio internacional con características adecuadas a la preservación de la biodiversidad y las bondades de la naturaleza. Esa es la agenda que nos preocupa con las líneas delineadas en el pasado reciente, pero con propuestas más acotadas y concretadas en recomendaciones de políticas públicas actuales.

 

Pensamos que una reflexión sistemática sobre nuestra realidad emergente, que derive en recomendaciones de política pública bajo la visión mencionada antes, es de importancia vital. En esa labor el CIDES ha de priorizar su accionar mediante la investigación y la formación abocada a la investigación estratégica. Nos interesa dar lineamientos para enriquecer el debate de la nueva sociedad que queremos y debemos construir. Por eso a la formación le daremos una orientación sesgada hacia el conocimiento de la realidad y la derivada elaboración de propuestas a ser implementadas para llevar adelante el bien común, a esto le llamamos una formación para la investigación estratégica. Para este propósito debemos utilizar de manera más profunda y proactiva las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 

Dotar a nuestra sociedad de una visión adecuada para transformar la realidad y atender los desafíos del presente, ha de ser la misión que nos damos en la universidad pública, a partir de su unidad de postgrado multidisciplinaria en ciencias sociales, como es el CIDES-UMSA. Desde hace años que venimos trabajando por una agenda de desarrollo inclusivo y respetuosa de la diversidad y la pluralidad, y es ahora cuando el desafío se hace más grande y nuestra voluntad no debe quedar en pocas pretensiones y menos dejar de lado ese desafío.

 

 

Alfredo Seoane es economista, doctor en Ciencias del desarrollo. Actualmente es director y docente investigador del CIDES-UMSA.

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Resumen

La pandemia del coronavirus no sería la mayor desgracia vivida, por lo que se la contextualiza en medio de otras críticas de la modernidad y del capitalismo, mostrando que acumulativamente, junto a la depresión económica, ya presente y con agravantes inmediatos, la degradación ecológica-ambiental y el calentamiento global, de manera integrada y sistémica, representan un panorama de catástrofe civilizacional, como un nuevo tiempo, propicio para deconstruir la economía y el desarrollo, recurriendo a la termo/bio-economía trans-disciplinaria de Georgescu-Roegen, de interface entre la ley física de entropía y economía, y la visión de E. Leff sobre una nueva racionalidad ambiental, a la vez de husmear sobre las características y posibilidades de estacionaridad y decrecimiento sostenibles. Todo eso puede representar una posibilidad en prospectiva, alentando a que ello sea debatido sistemáticamente por lo menos como hipótesis de escenarios
de simulación económica, tarea ineludible de la academia.

 

Dr. José Nuñez del Prado es investigador y docente de planta del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES/UMSA). Es doctor (Ph.D.) en Ciencias del Desarrollo por CIDES/UMSA-UNAM, con Maestría en Sociología de la FLACSO/México y Licenciatura en Economía de la U.C.B. Tiene varias publicaciones.

 

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1. Todos los sistemas de conversión de votos en curules son desproporcionados. Dentro de los sistemas llamados proporcionales, en Bolivia tenemos uno de los que son menos proporcionales (D´Hont). La razón principal, técnica de esto, es porque se busca “premiar” a los partidos con mayor votación y desalentar los pequeños o nuevos.

 

Este sistema opera para las circunscripciones plurinominales de diputados (son 60 en todo el país) y desde la CPE del 2009 también para senadores (son 36, cuatro por departamento).

 

Como tenemos 9 circunscripciones departamentales, es allí donde se originan las principales desigualdades a la hora de elegir representantes, 96 de un total de 166 (130+36).

 

2. Desde la Revolución Nacional ya es visible la desproporción en la representación (plurinominal) por departamentos a favor de los menos poblados y en desmedro de los más habitados. En este sentido, lo de “un ciudadano un voto” es más un ideal que una realidad, como dijimos, en cualquier sistema de representación (no en los referenda).

 

En un trabajo, marcadamemente técnico, calculamos el grado de desproporcionalidad con el Estatuto Electoral de 1956 y el Censo de 1950 y obtuvimos la cifra de 37,4 como sumatoria de diferencias absolutas en los porcentajes de población por departamento y representantes asignados. La cifra para las elecciones de 1979 (extrapolable a la de 1980) en comparación al Censo de 1976 es de 29,9. Para las primeras elecciones de 1997 (ya con la mitad de uninominales por departamento) en relación al Censo de 1992 la cifra es de 27,1. Allí mismo propusimos ajustar las asignaciones por departamento (que no se aplicó oficialmente) y aun así la cifra propuesta arroja el 16,3.

 

 El problema más significativo radica en que se prescribe asignación mínima de departamentos (presente ya en la reforma de la CPE 1994), y en la actual CPE se añaden criterios de equidad social y consideraciones de desarrollo social cuando debieran primar criterios demográficos y acaso geográficos exclusivamente. Consideración aparte es para pueblos indígenas minoritarios.

 

Para completar el panorama, reportemos que la cifra de desproporción entre los habitantes por departamento del Censo de 2012 y los diputados asignados por departamento en 2014 es de 23,54. En otro ejercicio de ajuste sin apartarnos del todo de las indicaciones constitucionales fue de apenas 20, 47. Se confirma las desproporciones aun en ejercicios de corrección.

 

3. Con la introducción de los escaños uninominales (recién efectiva en 1997) eso, el desajuste,  se ha incrementado y solo ligeramente con las C. especiales indígenas (siete en total). En las circunscripciones uninominales (63 en los nueve departamentos) ha habido mayor opacidad en el último periodo. Hay indicaciones generales en la CPE (Art. 146.VI) y le otorga al OEP (cuya cabeza es el TSE) la facultad de delimitarlas.

 

Recientemente se ha generado una serie de artículos y mensajes de opinión sosteniendo que hay una enorme desporporción entre el voto campesino y de la ciudad. En mi propio lectura he señalado la modificación en la fórmula para escaños en el Senado (véase abajo) que me inclinaban a pensar que era, efectivamente, así y con información más limitada de laque hoy dispongo me adherí dada la poca información, que no propaganda que rodeó la elección del 2019.  Aunque con ciertas reservas, porque siempre es importante atenerse a la evidencia, no de casos elegidos arbitrariamente sino del diseño del sistema general.

 

Vale la pena destacar que la diferencia por este tipo de manejo que genera suceptibilidad porque los mapas se conocieron ya en vísperas de las elecciones de octubre pasado, sin margen para reclamo alguno, no son más que pocos escaños. Y hemos de decir que por “urbano” estamos considerando básicamente las 9 capitales departamentales y El Alto, mientras que por convención estadística en el INE se considera “urbanas” aglomeraciones poblacionales mayores a 2 mil habitantes. Son evidentemente, definiciones distintas, que amplían el rango de lo “urbano”.

 

Ahora bien, cuando se comparan las diputaciones abrumadoramente urbanas del 2005 y del 2014 (ambas en total 70 uninominales, que no es el caso en 2009), los cambios más fuertes ocurrieron en cuatro departamentos: La Paz, Tarija, Beni y Oruro, siendo el primero el más afectado pues perdió dos C. urbanas aunque recibió una indígena. En los otros tres casos, fueron C. mayormente rurales que a cambio recibieron C. indígenas, una en cada departamento. De nuevo, el arreglo que dio lugar al diseño, digamos estable de la 7 C. indígenas, vigente también en 2019 se dio afectando más el trato entre las asignaciones por departamento. Igual las proporciones no son de que el voto rural vale varias veces el urbano.

 

4. El cambio en la forma de representación en el Senado, sí fue por preocupaciones partidistas, para anular el veto (más de un tercio) de la denominada “media luna”. Dada la experiencia negativa para el MAS de tener algo más de un tercio de senadores de oposición en su primer periodo (2006-09), se introdujo la elección de senadores por proporcionalidad (CPE, Art. 148), aumentado de tres a cuatro los representantes por departamento. A partir de la idea de “bicameralismo incongruente” y analizando los datos de la conformación del Legislativo en 2014, se puede apreciar cómo ese cambio permitió al masismo mantener los dos tercios (mayoría calificada) que no habría sido posible con el anterior sistema, vigente desde 1967, y que por diseño otorgaba un curul senatorial a la primera minoría, es decir garantizaba representación de la oposición en el Senado, mientras que el actual sistema no.

 

Breves conclusiones. El gran problema está en los criterios (CPE) de asignación de curules por departamento. Desde hace años insistimos con que debe haber circunscripción nacional para esta asignación (a mayor tamaño la proporcionalidad mejora, no desaparece cierta disparidad).

 

El otro problema visible es el asunto de los uninominales. A pesar de la intimidante redacción técnica en la normativa del OEP para la delimitación de estos límites, la desproporción es evidente porque son las dimensiones territoriales y sobre todo demográficas de cada departamento las consideradas (Reglamento correspondiente de mayo del 2014, en función de la Ley 421), que se suma al diseño equívoco (casi de ente federativo) de las asignaciones por departamento.

 

Respecto a las CEI vigentes en las elecciones de 2009 y en las del 2014 el MAS ganó seis de las siete y en ambos comicios la oposición de entonces ganó un único escaño. Sirve para tener presente que no es automático que sean curules masistas, y efectivamente corresponden a pueblos indígenas que de otra manera no tendrían jamás  (o muy remotamente) representación en la Asamblea. Por ello, no parece aconsejable insistir en lo inmediato en la discusión rural-urbana porque terminará afectando a la representación indígena minoritaria, además de incidir en una larga brecha de nuestra configuración étnica-cultural (el clivaje étnico).

 

 

Gonzalo Rojas Ortuste es Cientista Político, Doctor en Ciencias del Desarrollo por el CIDES-UMSA y actualmente es Profesor Investigador del CIDES UMSA. Tiene varias publicaciones como Cultura política de las élites en Bolivia. 1982-2005 (2009); Vicente Pazos Kanki y la idea de República. Temprano mestizaje e interculturalidad democrática germinal (2012.). Bolivia como Estado soberano y democrático. Pensamiento y acción de Bautista Saavedra ( 2015). Además coordinó y escribió la introducción de Lo público en la pluralidad. (2015). También escribió “Epílogo: El Estado plurinacional frente al siglo XXI. Balance, desafíos y proyecciones” Nelson Gonzalez Ortega (Coord. y Ed.). Bolivia en el siglo XXI. (2017)

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 COMUNICADO 

 

 COMUNICADO 

  CONFERENCIA  

Fecha: 08 de mayo de 2020
Hrs: 14:00 - 15:15 (hora La Paz-Bolivia)
Lugar:

Cecilia Salazar de la Torre

 

La creación de la universidad moderna se dio en el contexto de estructuras políticas construidas para garantizar las conquistas democráticas y la libertad individual en el mundo moderno. En ese intersticio, los sujetos toman posición y deliberan en igualdad de condiciones sobre cuestiones que son de interés público, a través de mediaciones institucionalizadas. La universidad forma parte de ese espectro, especializándose en la formación de expertos para el gobierno de un país y la producción de explicaciones y expectativas sobre las diversas dimensiones de su vida social, económica, política y cultural. De un modo muy concreto, Gustavo Rodríguez planteó que esa relación se reduce al esquema “a tal Estado, tal universidad”. Veamos lo que eso ha significado en Bolivia, señalando un elemento conceptual de fondo: las discontinuidades y contradicciones entre estructura económico-productiva y superestructura político-cultural que caracteriza a los países atrasados como el nuestro.

 

Un primer contrasentido está en la creación de la universidad boliviana en el seno del contexto oligárquico, desde 1832, al influjo de los valores de la revolución francesa. Esto supuso el despliegue de una estructura profesionalizante de carácter liberal, pero para sostener los privilegios de la clase terrateniente y feudal, especialmente desde el campo del Derecho, desde donde se daban las disputas legales en torno a la propiedad de la tierra. Además de lo que eso significó en términos políticos, el corolario fue una condición reflexiva que, como remarcara Kant, está basada en preceptos normativos, que hacen de la repetición y la memorización el fundamento de toda argumentación y que priva de conciencia crítica y autónoma a los sujetos.

 

El carácter oligárquico de la universidad pública comenzó su declive cuando, alentados por el movimiento de Córdoba, los jóvenes, especialmente de La Paz y Cochabamba, se sumaron a movimientos socialistas y nacionalistas. El momento culmine de este proceso fue la revolución de 1952 y una nueva fase universitaria, sustentada en la ampliación de la ciudadanía, eso quiere decir, de la libertad individual y de los derechos políticos. En breve, este proceso se reflejó en el ingreso libre e irrestricto a la universidad pública y en la pluralización argumentativa que se generó en su interior, incluyendo la que trajeron migrantes campesino-indígenas cuando se incorporaron a sus aulas.

 

Desde 1952, la estructura económico-productiva es de carácter desarrollista pero, en el caso boliviano, sustentada en otra discontinuidad: la revolución de 1952 fue asociada a la idea de transformar al país, de uno feudal a otro capitalista, sin un proceso de acumulación burguesa desde el cual se organice el mercado interno y, con ello, la cultura nacional. Esta carencia intentó ser suplida por el Estado y a través de los recursos de la riqueza natural. La deriva, como se sabe, fue (es) la intensa politización de la sociedad boliviana que, organizada en gremios, partidos políticos y corporaciones, disputa el poder estatal para beneficiarse de esos recursos y desde ahí forzar la construcción de la nación, es decir, de nociones básicas en torno al bien común, cosa muy difícil dado el carácter atomizado de la representación. En la universidad pública, su expresión está en disputas entre sus estamentos y la creciente pérdida de centralidad de su función principal que es la docencia y la investigación.

 

Ante las expectativas que el Estado de 1952 trajo consigo, se han dado dos orientaciones: la primera, vinculada con jóvenes que buscan profesiones técnicas, alentados por una economía basada en recursos naturales. Durante el auge de la minería, las universidades públicas, especialmente de la zona occidental del país, formaron a varias generaciones de ingenieros calificados y comprometidos, con diversas especialidades relacionadas con la minería. Ante los vaivenes cíclicos del mercado de los recursos mineros, estas profesiones se vinieron abajo. Mediado por el mismo Estado extractivista, en las últimas décadas el auge los hidrocarburos llevó al crecimiento exponencial de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Petrolera en la UMSA y que hoy se dedican a hacer conexiones de gas domiciliario.

 

Siendo que la explotación de recursos naturales exige una mano de obra altamente calificada, la otra orientación, más masiva, se relacionó (se relaciona) con profesionales liberales, que buscan tener un empleo en el sector público, como tabla de salvación, dispuestos a someterse a estructuras burocráticas muchas de las cuales los priva de toda iniciativa individual. Como es obvio, esta tendencia tiende a ensancharse en la medida en que, al mismo tiempo, se angostan las posibilidades productivas del país. Una parte muy importante de los profesionales liberales encuentra sus nichos en las estructuras del Derecho, alimentado las formas de relacionamiento en base al pleito que predomina en la sociedad boliviana. Otros siguen el llamado de los criterios utilitaristas de la economía, bajo la noción individualista del “sálvese quien pueda”. Todo esto se ha traducido, invariablemente, en una cultura rentista, poco proclive a los deberes cívicos y la conciencia nacional, que en otros lugares son consonantes con una economía articulada y con capacidad redistributiva.

 

Sin embargo de ello, la universidad pública ha preservado espacios de formación técnica y crítica de alto nivel, afines a las necesidades del país. Sería imposible dar cuenta de todo ello, pero veamos algunos ejemplos: uno está en las capacidades desarrolladas en la facultad de ingeniería de la UMSA, de la que se han titulado expertos en los problemas de riesgo que presenta la ciudad de La Paz. Otro en la Facultad de Medicina, cuya participación en el diagnóstico y proyecciones de la pandemia del coronavirus ha sido de primera línea. Lo mismo la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, donde Biología y Física han alcanzado prestigio internacional. Más cercana a nosotros, está la Facultad de Humanidades, en la que brilla la formación en Literatura e Historia, sin mencionar el esforzado recorrido de las carreras de Trabajo Social, Antropología y Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales. En medio de todo ello, la universidad pública ha formado también profesionales calificados para el ámbito público y privado.

 

Ahora bien, ante las dramáticas evidencias que está trayendo la pandemia del coronavirus, se está instalando en el sentido común, y ojalá en el de los políticos, la necesidad de revolucionar nuestro modelo de desarrollo en pos de un Estado del Bienestar, que esté acompañado por la variable medioambiental y enfrente los desafíos de la transformación tecnológica y productiva y de la masiva presencia del trabajo no asalariado en Bolivia. Nuestra universidad, a pesar de sus carencias y problemas, tiene condiciones para contribuir a la transformación el Estado en esa dirección y a partir de eso, transformarse a sí misma, tanto por su espíritu público, que la remonta persistentemente a sus compromisos con la sociedad, como porque ha producido conocimiento en torno a ello.

 

En un próximo artículo profundizaremos en una de las aristas de este nuevo desafío: la importancia del cuidado de la vida, como pilar del Estado del Bienestar, y el rol de la universidad pública en su desarrollo.

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Mg. Cecilia Salazar de la Torre. Docente investigadora del CIDES- UMSA. Coordinadora de la Maestría en Estudio Feministas.

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 CONVOCATORIA 

Políticas Sociales Urbanas en América Latina: rol y desafíos de la política pública en la construcción de ciudades

 

 NOTICIA